¿Puede un bombero o un policía negarse a intervenir en un desahucio?

El cuarto intento de desahuciar a Maricarmen, la vecina de Retiro de casi 90 años que vivió siete décadas en el mismo piso, terminó con ella saliendo en ambulancia y con más de una decena de furgones policiales frente al portal. Las imágenes de las cargas y del uso de gas pimienta contra quienes intentaban impedir el desalojo han reabierto una pregunta incómoda: ¿puede un policía o un bombero negarse a participar en un desahucio igual que un médico objeta ante un aborto? Un reportaje de elDiario.es Madrid recoge las voces de los propios cuerpos y de un jurista.

Lo que dicen los policías

Un agente de la Policía Nacional destinado en Madrid, que no participó en el operativo y pide anonimato, lo resume con crudeza: mientras un médico tiene la misión de salvar vidas, la función de un policía es hacer cumplir la ley vigente, lo que impone límites que no afectan a otros funcionarios públicos. Entre ellos, que la seguridad ciudadana no puede quedar supeditada a la ideología de quien porta el uniforme. Ese estatuto también recorta su derecho a huelga, aunque no el de manifestarse fuera de servicio.

El mismo agente admite haber practicado detenciones "con mucha pena y contradicción", pero considera que forma parte de lo que se asume al aceptar el cargo. El debate de fondo, sin embargo, apunta a otra cosa: a quién protege realmente el término seguridad ciudadana cuando el despliegue sirve para desalojar a una pensionista en favor de un fondo inmobiliario.

Los bomberos plantean otra vía

En el cuerpo de bomberos el planteamiento es distinto. No están destinados a estos operativos, pero pueden ser llamados a colaborar. Tras el desalojo de una vecina de Lavapiés en julio de 2024 empezó a gestarse la Plataforma de Bomberos contra los Desahucios, de ámbito estatal.

Uno de sus integrantes, César Contreras, explica que su reclamación no se apoya tanto en la objeción de conciencia como en la ausencia de un encaje legal claro para su participación. Su reglamento les obliga a colaborar con otros servicios públicos, pero sostienen que eso solo debe operar cuando el caso se ajusta a sus competencias. Pone como comparación al Samur: si acude, es para atender a los afectados, no para intervenir en el desalojo. Si una orden judicial les menciona expresamente, dice, no hay discusión; si son los cuerpos de seguridad quienes los reclaman sin necesidad estricta, defiende poder negarse.

Víctor Monedero Serrano, delegado de UGT en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, recuerda que la normativa autonómica de incendios habla de emergencias imprescindibles y que un desahucio no lo es. Reconoce que negarse puede acarrear sanciones, pero subraya que no son un cuerpo militarizado y que eso les deja margen para actuar por principios.

Qué dice el derecho

El abogado laboralista Adrián Todolí cree que existe una vía, aunque "difícil". La objeción por motivos ideológicos, religiosos o políticos está muy restringida y los tribunales la admiten en supuestos tasados, como el sanitario. Su propuesta es analizar caso por caso y ponderar el derecho del trabajador a no actuar contra sus convicciones frente a la obligación de desempeñar las funciones del puesto.

La diferencia, añade, está en la función de cada profesional para el sostenimiento del Estado: si un médico objeta, otro atiende al paciente; si no hay agentes que hagan cumplir la ley, el resultado sería el caos. Los tribunales tampoco han admitido históricamente objeciones de otros funcionarios. Con todo, no da el debate por cerrado: si una negativa sistemática y masiva generase un conflicto amplio y una opinión pública favorable, los jueces podrían tomarle el pulso a esa conciencia colectiva.

Una lista de casos que no deja de crecer

El de Maricarmen no es un caso aislado. El fondo Urbagestión pretendía subirle una renta antigua de 500 euros hasta 2.500 de golpe; tras negociar, la cifra bajó, pero seguía fuera del alcance de su pensión, de unos 1.350 euros. Hubo incluso una donante anónima dispuesta a pagar la diferencia, oferta que no prosperó. Ella rechazó las alternativas habitacionales municipales y se ha instalado con familiares.

A la lista se suman Valverde 42, en Malasaña, con 18 inquilinos pendientes de la venta del bloque; el caso de General Lacy 22 y sus 32 familias; María Guerrero 1, cuyo edificio acabó en la Sareb; o Salvia 1, en Tetuán. Un mapa de conflictos que explica por qué las protestas por el desahucio de Maricarmen desbordaron el caso individual.