General Lacy 22: primer juicio para desalojar a una vecina tras 26 años en el piso

Un edificio de la calle General Lacy 22, en el distrito de Arganzuela, se ha convertido en el símbolo de lo que sus inquilinos llaman acoso inmobiliario. Este miércoles se celebra el primer juicio por la salida de una de las vecinas del inmueble, Blanca, que lleva 26 años viviendo allí y que se enfrenta a la demanda presentada por la propiedad para que abandone su casa. Según ha contado a Somos Arganzuela (eldiario.es), detrás quedan dos años de lo que describe como presiones continuadas.

Una vista y una concentración a la puerta

El caso lo resuelve el Juzgado de Primera Instancia número 82 de Madrid, con vista a las 10.30 en la sede de la calle Rosario Pino, 5. A las puertas del juzgado, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y varios colectivos vecinales han convocado una concentración para acompañarla con el lema que les ha acompañado desde el inicio del conflicto: "De Lacy, 22 no se va ni Dios".

Blanca es la primera en sentarse ante un juez, pero es previsible que no sea la única. En el bloque quedan todavía 33 familias pendientes de que venzan sus contratos de alquiler. Otras que vivían allí cuando empezó la disputa ya se han marchado, en un clima que los residentes definen como hostil.

De los burofaxes al deterioro del edificio

El conflicto arrancó a mediados de 2024, tras el fallecimiento de una de las copropietarias. Según los vecinos, fue entonces cuando la propiedad planteó vaciar el inmueble de forma progresiva a medida que fueran caducando los arrendamientos. La finca, vinculada a la familia Campos Cebrián-González Ruano, quedó canalizada a través de sociedades como FURUD 2024 S.L. y GOMEISA 2024 S.L., según la documentación manejada por los residentes. La gestión ha pasado por varias empresas: primero Savills y después otras sociedades, entre ellas Grupo Soluzone y We Rent, a la que los inquilinos señalan como gestora actual.

Las familias empezaron a recibir burofaxes comunicándoles que sus contratos no se renovarían. A la vez, denuncian, se degradaron las condiciones del edificio: humedades, goteras, averías del ascensor, falta de limpieza y cambios en contratos de suministros sin su consentimiento. Para el Sindicato de Inquilinas no son incidencias sueltas, sino una estrategia para hacer insostenible la permanencia.

Una cocina cerrada durante meses

En el caso de Blanca, el detonante fue una gotera en la cocina. Avisó durante meses sin resultado y en 2025 llegó a poner el caso en manos del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. Un inspector visitó la vivienda e instó a la propiedad a reparar. La respuesta, relata, fue el envío de otro técnico que solo hizo fotografías: "Mi empresa es de calderas", le reconoció después el trabajador.

Parte del techo acabó desprendiéndose, lo que permitió localizar la fuga dentro de su propio piso. Arregló la avería, pero la obra de albañilería nunca llegó. Por recomendación médica dejó de reclamar y cerró la estancia: "Me había hecho un simulacro de cocina en el salón para poder funcionar y alimentarme". Asegura que sigue pagando la renta completa sin poder usar parte de la casa y que no ha obtenido respuesta al pedir una rebaja.

6.000 euros para evitar la demanda

La negociación previa al juicio terminó con una propuesta que considera inasumible: marcharse y abonar unos 6.000 euros para evitar el procedimiento. "Les digo que me demanden, que al menos tengo posibilidad de ganar", resume.

La comunidad denuncia además la aparición de intermediarios que no consideran neutrales, la acumulación de basura durante el verano, la suspensión de las fumigaciones y la instalación de 14 cámaras en zonas comunes, que califican de desproporcionada. En julio de 2025 llevaron su caso, junto a los vecinos de Mesón de Paredes 88 y Modesto Lafuente 8, al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Su tesis: que no son conflictos aislados, sino un patrón que puede afectar a muchos otros bloques de la capital.