Una donante anónima se ofrece a pagar la subida del alquiler de Maricarmen, en Retiro

Una donante anónima se ha ofrecido a costear la subida de alquiler que la propiedad reclama a Maricarmen, la vecina de 87 años que lleva siete décadas viviendo en un piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro. La oferta llega a pocas horas del nuevo intento de desalojo, el cuarto que afronta la inquilina.

Según ha adelantado El País y confirman a elDiario.es Madrid fuentes del Sindicato de Inquilinas, el reparto sería el siguiente: la propia Maricarmen seguiría abonando 500 euros mensuales y la donante pondría los 2.150 euros restantes hasta completar la última cifra planteada por la propiedad. La aportación incluiría además asumir la deuda acumulada por la inquilina.

Una escritora que pide mantenerse en el anonimato

La identidad de quien asumiría el pago no ha trascendido. Se sabe únicamente que se trata de una escritora de éxito y que, según explica el Sindicato de Inquilinas, es "su petición expresa" que la donación se mantenga en el anonimato.

Desde la organización reciben el gesto con esperanza, pero también con cautela: recuerdan que la sociedad propietaria, el fondo Urbagestión Desarrollo e Inversiones, "lleva tiempo sin presentarse siquiera en la mesa de negociación". Una de las integrantes del sindicato implicada en el caso resume así su impresión sobre la intención de la empresa: "echarla y ya está".

Acampada en la calle Alcalde Sainz de Baranda

Mientras se conocía la oferta, ya estaba en marcha una acampada junto al portal de la afectada. Vecinos del barrio, activistas y algunos rostros conocidos se han concentrado en la calle con la intención de pasar la noche allí y tratar de impedir el desalojo, en una movilización que sigue el patrón de otras protestas contra desahucios en la capital.

Un contrato de 1956 y una ley que excluía a las mujeres

El caso se ha convertido en símbolo de la crisis de vivienda madrileña precisamente por su origen jurídico. El contrato de arrendamiento lo firmó el padre de Maricarmen en 1956. Cuando él murió, pocos años después, el contrato se subrogó en su viuda, que siguió viviendo en el piso con su hija hasta su fallecimiento en 2005. Entonces Maricarmen heredó el arrendamiento en las mismas condiciones: contrato indefinido y actualización según el IPC, la fórmula característica de los pisos de renta antigua anteriores a la reforma del decreto Boyer.

La propiedad sostiene que la legislación vigente no permite subrogar un contrato dos veces y que, por tanto, la inquilina ha perdido el derecho a mantener esas condiciones. El argumento que esgrimen desde el sindicato es que esa doble subrogación existe por un motivo concreto: la normativa franquista no permitía a las mujeres firmar contratos. Si la madre hubiera figurado también como firmante en 1956, la de Maricarmen sería la primera subrogación y la renta antigua se mantendría intacta.

Las alternativas ofrecidas hasta ahora por la propiedad, según el relato del sindicato, suponían incrementos superiores al 300% sobre lo que la inquilina paga actualmente, una subida imposible de asumir con su pensión.

No es un caso aislado en la ciudad

El conflicto de Alcalde Sainz de Baranda se suma a otros procesos abiertos en la capital en los que inquilinos de larga duración se enfrentan a la pérdida de su vivienda tras el cambio de propietario. En Arganzuela, sin ir más lejos, se celebró recientemente el primer juicio para desalojar a una vecina de General Lacy 22 después de 26 años en el piso. El precio del alquiler, además, sigue marcando récords en la región, con máximos históricos también en municipios del sur.