La Policía desaloja la acampada de Sol: 334 expulsados y dos detenidos

La Puerta del Sol amaneció este martes sin tiendas de campaña. Un operativo conjunto de Policía Nacional y Policía Municipal desalojó de madrugada la acampada que ocupaba el kilómetro cero de la capital desde hacía más de un mes, con 334 personas expulsadas de la plaza y dos detenidos por atentado, resistencia y desobediencia a la autoridad, según informó El Mundo citando fuentes policiales.

La intervención comenzó en torno a las tres de la madrugada y se prolongó unos 40 minutos. Participaron 220 efectivos de la Policía Nacional —con unidades de intervención policial, GOR, GAC y medios aéreos— y 180 agentes de la Policía Municipal, además de Bomberos, Samur, Selur y Servicios Sociales. Los dos arrestados son españoles de 31 años.

Accesos cerrados y limpieza al amanecer

Durante el dispositivo se cerraron todos los accesos a la plaza y las bocas de metro situadas dentro de la Puerta del Sol, salvo la de Preciados. Tras el desalojo arrancó la recogida de enseres: a las ocho de la mañana todavía quedaban en torno a 150 tiendas por retirar. Los servicios municipales trasladarán las tiendas a depósitos para que quien las reclame pueda recuperarlas, mientras los operarios limpian y desinfectan la zona.

Fuentes policiales señalan que la mayoría de quienes pernoctaban allí eran personas sin hogar y que abandonaron el lugar sin oponer resistencia. Todos los presentes fueron identificados.

Dos relatos enfrentados

La cuenta oficial de la acampada denunció una «intervención policial violenta» que habría dejado heridas a varias personas por golpes y por el uso de gas pimienta. Su portavoz, Juan Luis Sánchez, explicó en TVE que fue atendido por el Samur, que los agentes emplearon gas pimienta y que le retiraron el móvil sin explicaciones. Anunció además concentraciones de protesta en varios puntos de España.

La Policía Nacional sostiene la versión contraria: el desalojo fue pacífico y sin incidentes relevantes. La Delegación del Gobierno agradeció la «profesionalidad» de los intervinientes en una actuación que, según su versión, permitió completar el desalojo «sin alteraciones violentas del orden público» y bajo los principios de «oportunidad, congruencia y proporcionalidad».

Un mes de requerimientos previos

La Delegación, dirigida desde hace una semana por Pilar Trinidad, defiende que el desalojo fue una medida de «último recurso» tras un proceso gradual. En su relato, el derecho de reunión se protegió mientras existió una finalidad reivindicativa común, pero ese derecho «no es ilimitado» y la naturaleza de la protesta cambió: las organizaciones principales se retiraron y buena parte de las pernoctaciones correspondían ya a personas sin hogar y colectivos vulnerables.

A eso se sumaron, según la Jefatura Superior de Policía de Madrid, «diversos hechos presuntamente delictivos e incidentes» dentro de la acampada o en su entorno inmediato, que habrían generado un «peligro concreto para personas y bienes».

La cronología que ofrece la Delegación arranca el 26 de octubre, cuando el entonces delegado, Francisco Martín, envió un escrito a los acampados planteando el fin de la protesta. Sin respuesta, el 29 de octubre se remitió un segundo requerimiento exigiendo el desmantelamiento. El día 30, los interlocutores comunicaron la disolución de las comisiones organizativas, aunque un grupo «residual» se negó a dejar la plaza.

El episodio se produce en un otoño agitado para el centro de la capital, donde los comercios de Sol y Gran Vía tapiaron escaparates ante el temor a altercados durante Halloween.