Archivada la causa por acoso inmobiliario contra un fondo en Lavapiés

La jueza que investigaba al fondo de inversión Elix y a varios de sus directivos y empleados por un presunto acoso inmobiliario a los inquilinos del número 7 de la calle Tribulete, en Lavapiés, ha decidido archivar la causa. Según el auto al que ha tenido acceso elDiario.es, las obras y las molestias que sufrieron los vecinos no llegan a constituir delito, ni de acoso inmobiliario ni contra la integridad moral.

La resolución pone punto final, al menos de momento, a lo que se presentaba como el primer procedimiento penal en España dirigido contra un fondo de inversión por este tipo de prácticas. El sobreseimiento todavía puede recurrirse ante la Audiencia Provincial de Madrid, así que la última palabra no está dicha.

Qué denunciaban los vecinos

Una docena de inquilinos del inmueble, situado en pleno distrito Centro, llevaron a sus nuevos caseros a los tribunales convencidos de que las obras emprendidas en el edificio perseguían un objetivo concreto: que ellos se marcharan. El fondo, con cartera de inmuebles en Madrid y Barcelona, había comprado la finca y pretendía reformarla para obtener un rendimiento mucho mayor del alquiler en una zona tan céntrica.

En sus declaraciones, los querellantes relataron obras iniciadas casi sin preaviso, ruidos continuos, goteras, grietas, desprendimientos y destrozos en las viviendas, con consecuencias incluso para su salud. Los contratos de arrendamiento de varios de ellos estaban próximos a vencer.

Desde el otro lado, los directivos y trabajadores que declararon como investigados hablaron de una "campaña" contra la empresa y señalaron a este grupo de vecinos como los únicos que se negaban a negociar su salida una vez terminado el contrato, entorpeciendo unas obras que consideraban necesarias para conservar el edificio.

Los argumentos del auto

La magistrada tomó declaración a principios de año tanto a los inquilinos como a los responsables del fondo: desde quienes diseñaron la operación hasta quienes trataban directamente con los vecinos, pasando por el arquitecto que dirigió los trabajos. Su conclusión es que no puede darse por probado un plan deliberado para expulsar a los residentes "más allá de la evidencia de alguna humedad o gotera, grieta o desprendimiento de pintura, nada excepcional en el curso de unos obras como las desarrolladas".

Tampoco aprecia que la propiedad ignorara o dejara sin respuesta las reclamaciones de los inquilinos. En el auto subraya que las molestias de una obra son conocidas por cualquiera que haya pasado por una situación parecida, "ya solo por ruidos y suciedad por muy correcta que sea la ejecución", y recalca que ninguno de los querellantes alegó que se trabajara fuera del horario permitido ni consta infracción en materia de seguridad.

Una crisis de vivienda "grave y real"

La jueza no elude el contexto. En su resolución alude a la escasez de oferta y a los precios elevados, tanto en compra como en alquiler, y describe una crisis de vivienda que califica de "grave y real". En ese escenario, los vecinos veían expirar contratos por los que pagaban "unas rentas razonables" en pleno centro de la capital, mientras la empresa "lógicamente, quiere rentabilizar su inversión a la mayor brevedad". De hecho, todos los investigados reconocieron que el objetivo era que los inquilinos se fueran, como muy tarde al vencer sus contratos, para reformar el edificio y sacarle más rendimiento.

El archivo no cierra el problema para los afectados. Según fuentes del caso citadas por elDiario.es, en las últimas semanas los vecinos de Tribulete 7 han recibido media docena de requerimientos judiciales con amenaza de desahucio, derivados de las demandas presentadas por los nuevos propietarios. El caso se ha convertido en símbolo de la presión que sufren los edificios antiguos del centro cuando cambian de manos, un fenómeno que se suma a otros frentes abiertos en la ciudad, como la proliferación de pisos turísticos ilegales o la dificultad para encontrar alquiler en la capital.