Ejecutado el desahucio de una vecina de 87 años en la calle Sainz de Baranda

Una mujer de 87 años ha sido desalojada este miércoles de la vivienda en la que residía desde 1956, en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro. La comisión judicial ejecutó el lanzamiento en el cuarto intento, después de varios aplazamientos y de años de litigio por un contrato de renta antigua. Lo cuenta El Español Madrid.

Su abogada, Beatriz Duro, asegura que trataron de negociar con la propiedad unos días de margen para que la inquilina pudiera buscar dónde vivir, sin éxito. Según su relato, la empresa "se negó a darle unas horas para sacar sus cosas".

Quién reclamaba la vivienda

El inmueble pertenecía desde hacía décadas a una familia particular, pero fue vendido en 2018 dentro de una operación inmobiliaria y acabó en manos de Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, una sociedad dedicada a la compra, venta y gestión de activos inmobiliarios. Según su información corporativa, invierte en edificios, viviendas, suelo, locales, oficinas y hoteles, y ofrece servicios de análisis de inversiones, estudios de mercado y consultoría. Forma parte de un grupo del sector que opera desde Madrid y Valladolid.

Un contrato de 1956 y dos subrogaciones

El conflicto arranca en el contrato de renta antigua que firmaron los padres de la inquilina en 1956. El titular era el padre; al fallecer, el contrato pasó a su esposa, y cuando esta murió en 2005 se produjo una segunda subrogación a favor de la hija.

La propiedad defendió que esa segunda subrogación no podía sostenerse y que el contrato estaba extinguido. Tras recursos y resoluciones contradictorias, el caso llegó al Tribunal Supremo, que el pasado mes de marzo dio la razón a la empresa al entender que la segunda subrogación tenía una duración limitada. La defensa ha vinculado el problema a la legislación antigua, que impedía que la madre constara como cotitular del contrato original: de haber podido figurar, sostienen, la situación habría sido distinta.

Una renta imposible y una reclamación de 10.000 euros

Para continuar en el piso se le planteó una renta de 2.500 euros, muy por encima de su pensión. Las organizaciones que la han apoyado cifran la subida en un 247%. La compañía reclama además 10.000 euros al Sindicato de Inquilinas por daños y perjuicios derivados de la campaña pública en apoyo de la vecina.

El primer intento de lanzamiento se produjo en octubre de 2025 y se suspendió en los juzgados la víspera. El 2 de junio hubo otro, también aplazado a última hora. Esta vez el desalojo salió adelante pese a la acampada montada en el portal, que la Policía Nacional levantó.

La ONU pidió frenarlo

El desahucio llega después de que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas reclamara en junio a España información sobre las medidas adoptadas para evitar el desalojo sin alternativa habitacional y solicitara la suspensión cautelar del lanzamiento mientras se buscaba una salida. Ni esa petición ni la movilización vecinal lo impidieron. En las últimas semanas incluso una donante anónima se ofreció a cubrir la subida del alquiler.

El caso no es aislado en la ciudad. En Arganzuela se ha celebrado el primer juicio para desalojar a una inquilina de General Lacy 22, otro edificio con contratos antiguos en el punto de mira. Y el encarecimiento del alquiler no se queda en la capital: en Alcorcón el precio ha marcado máximos históricos.

La vecina deja así la casa en la que entró con 17 años y en la que murieron sus padres, cerrando al menos en ese domicilio una batalla judicial de años que la ha convertido en uno de los rostros más conocidos del conflicto de la vivienda en Madrid.