Así se levantó la acampada de Sol: 1.200 tiendas en apenas unos días

La acampada por la vivienda que ocupa la Puerta del Sol desde finales de septiembre no responde a un plan trazado con semanas de antelación. Así lo sostienen sus propios impulsores en un reportaje de elDiario.es Madrid, que reconstruye cómo una de las plazas más transitadas y vigiladas de la capital acabó convertida en un campamento de más de un millar de tiendas en cuestión de días.

Del desahucio de Retiro a la plaza

El punto de partida es el 26 de septiembre. Aquella tarde, decenas de miles de personas recorrieron el centro para reclamar un decreto de vivienda y para respaldar a Maricarmen, la vecina de Retiro de 87 años que había sido sacada en camilla de su casa tras tres intentos previos de desahucio. La Delegación del Gobierno cifró la marcha en 25.000 asistentes; los convocantes multiplicaron por doce ese número y hablaron de 300.000.

Sobre las ocho y media de la tarde, dos horas después del arranque de la manifestación, empezó a correr el aviso de que habría acampada. "La acampada fue algo mucho más improvisado de lo que la gente cree", explica a ese medio Pablo Pérez, portavoz del Sindicato de Inquilinas, que describe aquellas horas como una mezcla de improvisación y logística a contrarreloj. En su opinión, el caso de Maricarmen terminó representando "algo más grande que ella misma".

A la mañana siguiente ya había cientos de personas durmiendo en la plaza. La paradoja no pasó desapercibida: el entorno de Sol es una de las zonas más caras de la ciudad, con el metro cuadrado rondando los 7.000 euros según los portales inmobiliarios. Puedes repasar también los últimos datos del alquiler en la capital, que marcan máximos históricos.

Una ciudad en miniatura

Lo que empezó con unas pocas tiendas superó pronto las 1.200, según el relato recogido en el reportaje. Con el crecimiento llegaron los problemas de organización: cómo ordenar las tiendas, cómo abrir pasillos para el tránsito, cómo repartir recursos y cómo tomar decisiones de forma colectiva. Los acampados dibujaron mapas y bautizaron las "calles" con nombres de carga política, desde la "Avenida de Maricarmen" hasta la "Plaza Lésbica".

Se montaron toldos sujetos con palos de fregona y carpas que reparten comida, bebida, productos de higiene, medicamentos, tapones para dormir, café, libros y juegos de mesa. Hay carteles que señalan qué escasea —el hielo, por ejemplo— y puntos centralizados para las donaciones, de donde sale, aseguran, todo el material.

Las asambleas se multiplicaron: unas multitudinarias, a última hora de la tarde, y otras internas y más pequeñas, centradas en la logística. El movimiento ya ha celebrado encuentros que amplían el debate más allá de la vivienda.

El debate de fondo: ¿y después?

Entre los propios acampados no hay una sola respuesta sobre el futuro del movimiento. En las conversaciones recogidas por el medio, una participante teme que la protesta acabe institucionalizándose, como a su juicio ocurrió tras el 15M, mientras otro defiende lo contrario: "La institucionalización es el objetivo final de una protesta", sostiene, porque antes de discutir cómo gestionar la propiedad hay que "forzar a que haya una respuesta estructural".

El Sindicato de Inquilinas subraya que no está solo en la plaza: hay educadoras infantiles, trabajadoras sociales, organizaciones ecologistas, partidos y asociaciones de barrio. Y recuerda que "los desahucios no solo los paran las acampadas, sino la organización y el trabajo diario".

Vigilancia policial, sin desalojo

Pese a la presencia policial en el entorno, no ha habido desalojo forzoso, algo que, según Pérez, ha animado a más gente a acercarse. Muchos participantes se turnan con el trabajo para que nunca quede una tienda vacía. Por la noche, dos personas controlan cada acceso como "método disuasorio", sobre todo ante quienes llegan con alcohol.

Mientras, Sol sigue funcionando como lo que es: una plaza turística por la que pasan free tours y viajeros que fotografían las asambleas. El Ayuntamiento, por su parte, ha explorado vías legales para levantar el campamento, competencia que depende en última instancia de la Delegación del Gobierno.