La abogada de Maricarmen: "La Comunidad de Madrid es la principal responsable"

La vecina de Retiro de 87 años conocida como Maricarmen perdió el miércoles la casa en la que había vivido toda su vida, después de ocho años de recursos y tres intentos de desalojo frustrados. Salió del portal en camilla y fue trasladada en ambulancia al Hospital Gregorio Marañón, donde continúa ingresada recuperándose del cuadro de ansiedad acumulado. Su abogada, Beatriz Duro, ha repasado el caso en una entrevista con Somos Madrid (elDiario.es) y apunta directamente a la responsabilidad de las administraciones.

"Sin hogar no puedes tener salud"

La letrada insiste en que el desahucio no se agota en la pérdida de un piso. Describe el deterioro físico de su clienta desde el primer intento de desalojo, en octubre de 2025: entonces se movía andando por la ciudad y llegaba al despacho haciendo varios transbordos; ahora necesita silla de ruedas. "Sin hogar no puedes tener salud", resume, y añade que a esa edad la pérdida va más allá de lo material porque afecta a la propia identidad.

Sobre dónde vivirá cuando reciba el alta, Duro reconoce que no hay una respuesta cerrada. El Samur Social acudió el día del lanzamiento y le ofreció un recurso de emergencia, pero la abogada recuerda que "de emergencia significa temporal" y que eso no equivale a una alternativa habitacional. Tanto el Ayuntamiento como la Comunidad le han planteado plazas en albergues o residencias públicas —una de ellas en Alcalá de Henares—, algo que la afectada siempre ha rechazado. La opción más probable a corto plazo es la casa de un primo de 70 años que vive en Segovia, una salida que la letrada considera inviable a largo plazo.

Tres administraciones y ninguna solución

Preguntada por el reparto de culpas, Duro sostiene que la mayoría de competencias en vivienda corresponden a las autonomías, por lo que para ella la Comunidad de Madrid es la principal responsable. Critica que las tres administraciones implicadas —Ayuntamiento, Comunidad y Ministerio de Vivienda— se hayan pasado la pelota sin ofrecer un alojamiento estable, y reprocha al Gobierno central el despliegue policial del día del desalojo.

Según explica, el Ministerio intentó mediar con la propiedad e incluso planteó comprar la vivienda para cederla en alquiler social. Tampoco prosperaron las ofertas privadas: hubo donantes dispuestos a asumir la renta y ninguna de esas vías fue aceptada.

La ONU, la jueza y el margen que no se usó

Naciones Unidas había pedido medidas cautelares para suspender el desahucio hasta que hubiera alternativa. La abogada considera que la titular del juzgado pudo haberlo paralizado atendiendo a esa petición y no lo hizo: "Aquí nadie puede decir que no se pudo hacer nada". Cree que en España el derecho internacional "se tiene en cuenta a medias" y que acaban imponiéndose las normas internas.

Duro reconoce que el trabajo jurídico y la presión vecinal y sindical funcionaron "a medias": lograron un año de prórrogas, pero no evitaron el desenlace. El caso movilizó a miles de personas, con acampadas vecinales frente al portal y concentraciones posteriores en otros distritos.

El despacho recopila ahora grabaciones y partes de lesiones de las protestas para decidir si presenta denuncias. Mientras tanto, sigue adelante el procedimiento ante la ONU, del que la letrada espera una condena a España con indemnización. "Quiero pensar que esto ha servido para que los políticos se pongan de verdad a trabajar por garantizar un derecho tan básico", concluye.