Los candidatos del PSOE en Madrid declaran diez inmuebles en propiedad

Las declaraciones de bienes de los dos candidatos socialistas en Madrid han entrado en el debate político que ha abierto el desahucio de una vecina de 87 años en el distrito de Retiro. Óscar López, aspirante a la Presidencia de la Comunidad, y Reyes Maroto, candidata a la Alcaldía de la capital en 2027, suman entre ambos diez inmuebles en propiedad, según recoge OKDiario a partir de los registros públicos de bienes que presentaron ante el Congreso y el Ayuntamiento.

Qué figura en cada declaración

En el caso de Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, su declaración de 2023 ante el Congreso recoge cuatro viviendas: una en Madrid comprada en 2006 y de la que es titular al 100%, la mitad de otra en Segovia adquirida en 2020 y una cuarta parte de dos inmuebles que heredó en 2022. El mismo documento refleja dos hipotecas por importes de 515.000 y 150.000 euros.

La declaración de Reyes Maroto ante el Ayuntamiento de Madrid incluye seis inmuebles urbanos, todos ellos al 50%. Cinco los adquirió por compraventa en Alcorcón y el sexto procede de una herencia. Su declaración consigna además depósitos bancarios de 203.184 y 36.213 euros.

El contraste con la sociedad propietaria del piso

La comparación que plantea el medio de origen es con Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, la sociedad propietaria del piso de la calle Alcalde Sáinz de Baranda del que fue desalojada la vecina conocida como Maricarmen. La empresa sostiene en sus comunicados que esa es la única vivienda de la que es titular y rechaza la etiqueta de fondo buitre con la que se la ha señalado desde la izquierda madrileña: se define como «una sencilla pyme» y aclara que no posee el edificio, sino únicamente el inmueble, comprado en 2018 por 240.000 euros.

Según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, la sociedad facturó 586.450 euros en 2025, con un beneficio de 2.990 euros y una plantilla de siete personas.

El caso, en plena precampaña

El desalojo ha marcado la agenda política madrileña de las últimas semanas, con una gran marcha por la vivienda y acampada en Sol y una sucesión de propuestas cruzadas entre administraciones. López calificó el desahucio de «intolerable» y responsabilizó al Gobierno regional, al que acusó de priorizar a los fondos de inversión. Ha prometido que, si gobierna la Comunidad, comprará viviendas a fondos ejercitando el derecho de tanteo y retracto, y defiende que con el decreto de vivienda aprobado «no habría ocurrido lo de Maricarmen».

Maroto, que ganó las primarias socialistas para repetir como candidata municipal, ha reprochado al PP madrileño tender «alfombra roja para los fondos buitre y la calle para quienes necesitan un hogar», y ha sostenido que el alcalde José Luis Martínez-Almeida «conocía la situación» y prefirió «mirar hacia otro lado». «Madrid tiene que ser una ciudad en la que el derecho a la vivienda esté por encima del negocio inmobiliario», afirmó.

Conviene recordar que en este asunto intervienen dos administraciones distintas: la Comunidad de Madrid, con competencias en vivienda protegida y ayudas al alquiler, y el Ayuntamiento de Madrid, que a través de la EMVS gestiona el parque municipal y que ya descartó incluir el piso en el programa ReViva por no poder adjudicarse de forma directa.