Prisión para el masajista de Rivas investigado por grabar a más de 130 mujeres

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido mantener en prisión provisional al masajista detenido el pasado verano en Rivas-Vaciamadrid, investigado por grabar sin consentimiento a más de 130 mujeres en su centro y por presuntas agresiones sexuales a nueve de ellas, algunas menores de edad. El investigado permanece recluido en el Centro Penitenciario Madrid II, en Alcalá-Meco, según ha adelantado El Español.

Unas 40 denuncias y una instrucción en Arganda

El hombre, identificado como Ricardo M., acumula alrededor de 40 denuncias por delitos contra la intimidad. La causa se instruye en un juzgado de Arganda del Rey, partido judicial del que depende el municipio ribereño, y la detención se produjo el 3 de julio a manos de la Guardia Civil.

El centro donde ejercía, dedicado a masajes, clases dirigidas y terapias alternativas, se encuentra en el casco urbano de Rivas, en la calle Gonzalo Torrente Ballester. Tras la detención, la actividad quedó en el centro de la polémica entre los vecinos del municipio, uno de los de mayor crecimiento del sureste de la región.

Qué dice el auto

La sección segunda de la Audiencia Provincial sostiene que los indicios iniciales no solo se mantienen, sino que se han reforzado conforme ha avanzado la investigación. En el auto, los magistrados señalan que los indicios de criminalidad "no han hecho sino intensificarse a lo largo de la instrucción", una conclusión que vinculan al atestado ampliatorio remitido por la Guardia Civil al juzgado instructor.

El tribunal apunta tres motivos para mantener la medida cautelar:

• El riesgo de destrucción de pruebas, dada la cantidad de material audiovisual intervenido, que los investigadores describen como una cantidad ingente de vídeos y fotografías.
• El riesgo de reiteración delictiva si el investigado retomara su actividad profesional, ya que no consta que tenga otro medio de vida.
• La posibilidad de que el archivo de imágenes dé lugar a delitos agravados contra la intimidad.

Cuando declaró ante el juez instructor, el investigado negó haber grabado a ninguna clienta. Los peritos y agentes que analizaron los dispositivos llegaron a una conclusión distinta.

La Fiscalía no pidió la prisión

Un detalle procesal relevante: el Ministerio Fiscal no solicitó el ingreso en prisión. Según recoge el auto, la Fiscalía sostenía que no existía "elemento objetivo alguno de verificación de la declaración de la denunciante". Fue la acusación particular, a través del penalista Alberto Martín, quien pidió el internamiento y logró que el tribunal lo acordara.

Conviene recordar que todos los hechos se encuentran en fase de instrucción y que rige la presunción de inocencia: no hay juicio ni sentencia, y la prisión provisional es una medida cautelar, no una condena.

El relato de una de las denunciantes

Una de las mujeres que ha presentado denuncia relató en televisión que acudió a la consulta por dolencias en las escápulas y que el investigado le recomendó reiki, una pseudoterapia en la que, en principio, no hay contacto físico con el paciente. Según su versión, le pidió que se desvistiera por completo pese a que el dolor se localizaba en la espalda, y describió tocamientos en glúteos y piernas que calificó de inapropiados.

El caso ha reavivado el debate sobre el control de los centros que ofrecen terapias alternativas sin titulación sanitaria reglada, un sector que opera en un terreno gris y cuya supervisión es competencia repartida entre la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos a través de las licencias de actividad. Entidades y profesionales que trabajan en el acompañamiento a víctimas de violencia sexual insisten en la importancia de denunciar cuanto antes para que los indicios no se pierdan.

Las mujeres que crean haber sido grabadas o agredidas pueden acudir a cualquier cuartel de la Guardia Civil o comisaría, o llamar al teléfono 016, que no deja rastro en la factura.