Un concejal del Gobierno de Getafe, investigado por acceder a datos policiales

El titular del área de Seguridad del Ayuntamiento de Getafe tendrá que dar explicaciones ante un juez. El Juzgado de Instrucción número 1 del municipio ha admitido a trámite una querella presentada por el Partido Popular y ha citado al edil como investigado por un presunto delito de revelación de secretos, según ha adelantado OKDiario Madrid.

La declaración está fijada para el 17 de noviembre. El asunto de fondo es el acceso del concejal a Vinfopol, la plataforma informática que utiliza la Policía Local para gestionar información sobre vecinos y actuaciones policiales. El tipo penal por el que se le investiga contempla penas de hasta cuatro años de prisión, aunque conviene recordar que la causa está en fase de instrucción y que rige la presunción de inocencia.

Qué es Vinfopol y quién puede usarlo

Se trata de una herramienta de gestión policial cuyo uso está acotado por la Ley Orgánica 7/2021, de protección de datos personales en el ámbito penal. Su artículo 4 delimita quién puede acceder a esta clase de ficheros: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, autoridades judiciales, Ministerio Fiscal, administraciones penitenciarias, Vigilancia Aduanera y los organismos encargados de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Los cargos políticos no figuran en esa relación.

El auto judicial no se limita a citar al concejal. También requiere a la Policía Local de Getafe que remita en un plazo de diez días un informe detallado sobre la plataforma: cómo funciona, qué categorías de datos almacena, si el edil ha llegado a entrar efectivamente en el sistema, desde cuándo cuenta con esa autorización, quién se la otorgó y el histórico completo de las consultas realizadas. Ese informe será determinante para saber si hubo accesos reales y con qué alcance.

La ofensiva del PP

La querella es el paso final de una campaña que los populares iniciaron en junio, cuando reclamaron en el pleno municipal el cese del concejal después de que este admitiera disponer de acceso al programa. El portavoz del PP en el consistorio, Antonio José Mesa, describió entonces la herramienta como un instrumento capaz de revelar dónde vive y trabaja un vecino, qué vehículo tiene, si ha sido multado o si ha pasado por un control de alcoholemia.

Mesa ha calificado ahora la imputación de "muy grave" y ha acusado al equipo de gobierno de la alcaldesa Sara Hernández de servirse de datos municipales frente a vecinos y oposición. "Ahora le van a explicar al juez para qué y por qué tienen acceso total a datos confidenciales de los vecinos de Getafe", ha señalado el portavoz popular, que sostiene que ese acceso está vedado por ley a cualquier cargo municipal.

El PP no descarta, según su portavoz, que la plataforma se haya empleado también para seguir la actividad de los concejales de la oposición, y ha llegado a plantear que la información pudiera haberse usado para presionar a vecinos críticos con el gobierno local. Se trata, en todo caso, de acusaciones políticas que la instrucción judicial deberá contrastar o descartar.

Un pulso político en el sur

El caso se suma al clima de tensión que atraviesa la política municipal del sur de la región, donde el PSOE afronta también una crisis interna en Leganés. En Getafe, el gobierno socialista mantiene su agenda ordinaria: hace unas semanas anunció nuevas ayudas para asociaciones vecinales y obras de verano en 37 centros educativos.

Por ahora, la comparecencia del edil el 17 de noviembre y el informe policial requerido marcarán el rumbo de la causa. Ninguna resolución judicial ha establecido todavía responsabilidad alguna.