Los vecinos de Chamberí que tumbaron el campo de golf piden condena ejemplar

La asociación vecinal Parque Sí en Chamberí, que durante casi dos décadas peleó para recuperar la zona verde del Tercer Depósito del Canal de Isabel II, ha pedido una condena ejemplar en el juicio que se sigue contra el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por las supuestas irregularidades en la construcción del campo de prácticas de golf. Su queja central es que las penas que se barajan no reflejan el perjuicio que sufrió el barrio, según recoge Somos Madrid, de eldiario.es.

De un parque prometido a un campo de golf

El origen del conflicto está en 2006. El proyecto previsto para el Tercer Depósito, una superficie de 24.000 metros cuadrados cerrada al público, cambió de rumbo y se convirtió en un campo de prácticas de tiro de golf que ocupaba casi todo el terreno disponible, dejando a los residentes sin la zona verde esperada.

Las protestas incluyeron manifestaciones y recogidas de firmas, pero también gestos simbólicos. Un grupo de vecinos plantó una morera en el parque Santander, junto a las obras, y acabó denunciado ante la Policía y llevado a un juicio de faltas del que todos fueron absueltos. Aquel episodio, lejos de desactivar la movilización, dio notoriedad al llamado "clan de la morera" y sumó apoyos en el distrito.

"Todo olía mucho a chamusquina", resume la portavoz de la asociación, Mercedes Arce, que recuerda las sospechas vecinales sobre el entramado de empresas implicadas. La primera denuncia formal, firmada por 400 personas, llegó a raíz de una información periodística publicada a comienzos de 2009.

Qué se juzga ahora

Según el auto de apertura de juicio oral, parte del proyecto se adjudicó de forma encubierta a la empresa TCT (Tecnoconcret), participada por el hermano y el cuñado de González. La sociedad obtuvo más de tres millones de euros de una subcontrata con Dragados pese a carecer, según la resolución, de capacidad para ejecutar los trabajos, por lo que recurrió a otras dos compañías a las que habría impuesto una comisión del 8%. El auto cifra en 266.972 euros el dinero entregado en efectivo en 49 pagos. Sumando un segundo contrato que el juez considera innecesario e irregular, el beneficio para TCT alcanzaría los 504.780 euros.

La Fiscalía reclama seis años de cárcel por dos delitos de cohecho, con la atenuante de dilaciones indebidas. La Comunidad de Madrid, personada como acusación particular, eleva la petición a 16 años e incorpora malversación y fraude a las administraciones, además de una multa de 1,5 millones. El Ayuntamiento de Madrid se suma a la petición fiscal; la acusación popular de PSOE y Adade pide diez años y Comisiones Obreras, ocho.

La cuenta que hacen los vecinos

Para la asociación, el balance no se mide solo en delitos. Entre la construcción del campo y su desmantelamiento pasaron 16 años hasta que se inauguró el parque actual, de 55.000 metros cuadrados. "La demora judicial no puede hacer olvidar el enorme perjuicio social causado a los vecinos", sostienen en una carta dirigida a la Fiscalía.

Parque Sí añade otras partidas al coste público: 16 millones de euros de sobrecostes en la instalación, 300.000 euros para demolerla tras la sentencia firme de 2016 y 20.000 euros abonados por la Comunidad a un despacho de abogados para litigar contra los propios vecinos. La asociación interpuso tres denuncias ante la Fiscalía entre 2007 y 2010, todas archivadas.

El colectivo recuerda que nunca fue recibido por González y que el primer responsable del Canal que les atendió fue Ángel Garrido, ya con sentencia firme. La historia de esa movilización está recogida en el documental De interés general, disponible en plataformas. Otros barrios mantienen hoy pulsos parecidos por el uso del suelo, como el rechazo vecinal al recinto ferial de El Cañaveral.

"No basta con juzgar las posibles responsabilidades penales: también debe reconocerse el daño causado al interés general", concluyen.