Suspenden a un mando de la Guardia Civil investigado por el macroprostíbulo de Tetuán

El Ministerio de Defensa ha suspendido de sus funciones a un mando de la Guardia Civil investigado en la causa abierta contra el macroprostíbulo Vive Madrid, el mayor local de este tipo de la capital, situado en la calle Marqués de Viana, en el distrito de Tetuán. La medida, publicada en el boletín oficial del departamento, fue adelantada por El Español, que sitúa el apartamiento del oficial el 30 de julio.

Qué se le investiga

El oficial estaba destinado en la Jefatura Fiscal y de Fronteras del Instituto Armado. Según la información publicada, no se le atribuyen delitos de carácter sexual ni pertenencia a organización criminal: se le investiga por la gestión de los beneficios de su mujer, ciudadana de origen búlgaro y socia del propietario del local. Fue detenido por agentes del Servicio de Asuntos Internos del propio Cuerpo, que además detectaron consultas suyas en bases de datos oficiales sobre su esposa.

La suspensión de funciones tiene un plazo máximo de seis meses. Como en cualquier procedimiento en curso, rige la presunción de inocencia mientras no haya resolución judicial.

Una causa bajo secreto en la Audiencia Nacional

La investigación la dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, y se mantiene bajo secreto de sumario. Los delitos que se investigan son explotación sexual, blanqueo de capitales, organización criminal y delitos fiscales. El caso llegó a este tribunal por las ramificaciones en terceros países, entre ellos República Dominicana, en la parte relativa al blanqueo.

Los registros no se limitaron al local madrileño: también se practicaron en establecimientos de Barcelona, Gijón y Castellón. El propietario del Vive Madrid, Ángel Crispín Gilaranz Velasco, continúa en prisión preventiva en el centro penitenciario Madrid V, en Soto del Real, según fuentes del caso citadas por el diario.

Del cierre a la reapertura

El juez ordenó hace meses el cierre del establecimiento. Sin embargo, fuentes próximas al procedimiento aseguran que la clausura se revocó y que el local ha vuelto a abrir. En él trabajan alrededor de 200 personas entre mujeres que ejercen la prostitución, camareros y personal administrativo.

Días después del precinto, varias trabajadoras se concentraron a las puertas del establecimiento. Los testimonios recogidos fueron dispares: algunas afirmaron encontrarse allí en contra de su voluntad y otras defendieron la continuidad del negocio. "Nos dedicamos a esto porque queremos o por necesidad, para sacar a nuestras familias adelante", sostuvo una de ellas.

Antecedentes: la Operación Pompeya

No es la primera vez que el local y su propietario aparecen en una causa de la Audiencia Nacional. La denominada Operación Pompeya destapó hace una década el entramado financiero de varios clubes de alterne repartidos por España, con un presunto fraude fiscal estimado en 111 millones de euros. El juez José Luis Calama ha acordado sentar en el banquillo a 30 personas.

Según esa instrucción, una sociedad interpuesta que suministraba los datáfonos a los locales servía para ocultar el origen de los ingresos cobrados con tarjeta. De la comisión del 10% que se aplicaba a los clientes por pagar con plástico, esa mercantil se quedaba con el 6,5% y la gestora del prostíbulo recibía el 3,5% restante a través de una factura falsa.

El negocio opera desde 2001 bajo la sociedad Viveviana15 S. L. La causa actual, al estar bajo secreto, no permite conocer todavía el alcance completo de la investigación ni el número final de personas afectadas. Fuente: El Español.